La Oficina del Presidente Electo confirmó que Santiago Bausili será el titular de la entidad.
Santiago Bausili, secretario de Finanzas durante la presidencia de Macri.
La Oficina del Presidente Electo Javier Milei confirmó este miércoles que Santiago Bausili será el presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA) a partir del próximo domingo.
Bausili es socio de el designado ministro de Economía, Luis «Toto» Caputo en la consultora Anker y tiene una amplia experiencia trabajando en la banca privada donde se desempeñó a lo largo de nueve años en el Deutsche Bank (DB). Antes. Antes había estado once años en JP Morgan.
Durante el gobierno de Mauricio Macri estuvo al frente de la Secretaría de Finanzas y fue procesado por la justicia por incurrir en negociaciones incompatibles con la función pública.
Hombre de confianza de Caputo y defendido por el estudio de abogados del hermano del designado ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, Bausili recibió ayer una gran noticia de la Cámara Federal porteña que resolvió, al calor del cambio de gobierno, revocar su procesamiento.
Las denuncias en su contra
A lo lagro de su paso por la Secretaría de Finanzas Bausili acumuló numerosos irregularidades. Muchas de las cuales la valieron denuncias judiciales.
Entre estas irregularidades se cuenta que se desempeñó en el Deutsche Bank y en la función pública en simultáneo. Tras asumir el cargo, Bausili demoró una semana en renunciar al banco privado. Además, pese a que ya no reportaba en el Deutsche Bank, Bausili recibió “remuneraciones diferidas” entre 2016, 2017 y 2018 cuando se desempeñaba al frente de la Secretaría de Finanzas.
Además, tuvo acciones en el Deutsche Bank, por lo que tenía intereses en que al banco le fuera bien.
Como secretario de Finanzas, Bausili se involucró en los procedimientos para designar y pagar a los bancos que intervinieron en la colocación de los títulos de deuda pública emitidos por el Estado argentino. Uno de ellos fue el Deutsche Bank, su antiguo empleador con el que lo unían acciones y un plan de pago.
La ley de Ética Pública (25.188) establece que un funcionario está obligado a abstenerse de tomar intervención en trámites que involucren a personas y asuntos con los que tuvo algún tipo de vinculación en los tres años inmediatamente anteriores.